Soberanía de papel limitará la inversión extranjera
EN LA NARRATIVA DE SHEINBAUM las cifras son siempre el estandarte incontestable del éxito. En su segundo informe presumió un máximo histórico en materia de Inversión Extranjera Directa (IED), arriba de los 34,900 millones de dólares.
No obstante, al desglosar el origen de esa supuesta "gran inversión", el discurso oficial se desarma. Los datos duros de centros de análisis independientes muestran que alrededor del 88.5% de ese récord histórico corresponde a la reinversión de utilidades de empresas extranjeras que ya operaban en el país, mientras que las inversiones a partir de cero —las plantas nuevas atraídas por el nearshoring— apenas rondan entre el 7% y el 8%. Las multinacionales ya establecidas en suelo mexicano siguen apostando por sus plantas actuales por inercia pero el capital fresco externo se debe observar con cautela.
Sin embargo, en el análisis político y económico, la pretendida bonanza choca frontalmente con una iniciativa de ley enviada al Congreso a finales de agosto en el cual se busca que se apruebe un marco regulatorio para someter las inversiones extranjeras en "sectores sensibles" al visto bueno de una nueva comisión intersecretarial donde el aparato militar y de seguridad nacional tendrá la última palabra con miras a cuidar la “soberanía” del país.
¿Por qué ahora? El timing responde a una convergencia evidente. Por un lado, la inminente revisión conjunta del T-MEC coloca a México bajo la lupa de Washington. La presión de Estados Unidos para frenar la expansión del capital y la tecnología asiática —principalmente china— en Norteamérica es un factor ineludible.
El gobierno mexicano necesitaba enviar una señal al Congreso y a la Casa Blanca, copiando los filtros de seguridad nacional que potencias occidentales aplican a través de mecanismos como el CFIUS estadounidense, para neutralizar los reclamos sobre un supuesto vacío regulatorio en sectores críticos como energía, telecomunicaciones y centros de datos.
Y es aquí donde la nueva iniciativa legislativa se convierte en un arma de doble filo. Lejos de ser un simple trámite de control, la ley afectará directamente a las compañías extranjeras que ya están en México y que planean expandirse. Cualquier inyección fuerte de capital que rebase los umbrales de los "sectores sensibles" ahora quedará sujeta al escrutinio y la autorización previa de una Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) integrada por la Secretaría de Economía, la Sedena, la Semar y la SSPC.
El problema mayúsculo no es solo la burocracia o los plazos kilométricos que esto generará, sino el entorno institucional en el que se aplicará. En economías con contrapesos sólidos, las leyes de seguridad nacional protegen la infraestructura crítica de potencias rivales sin vulnerar el Estado de derecho, pues existen tribunales independientes donde un inversionista puede apelar un veto arbitrario.
Pero en México, el gran temor que alimenta la incertidumbre es la cooptación del aparato jurídico. Cuando un mecanismo de control de esta magnitud recae en un sistema sin contrapesos efectivos, el riesgo latente es que se convierta en una herramienta de discrecionalidad política para premiar o castigar corporaciones a conveniencia del poder en turno, todo bajo el slogan de cuidar la soberanía.
La contradicción de la autodenominada 4T radica en su propia narrativa. Por un lado, se agita la bandera de la soberanía nacional frente a las "injerencias extranjeras", colocando a las transnacionales en el banquillo de los sospechosos como vectores de riesgo geopolítico. Por el otro, se presume la llegada de sus dólares para maquillar los baches de la economía real. Al etiquetar y someter al capital privado a un filtro militar y político, el Estado corre el riesgo de asfixiar el motor económico que dice defender.
La historia reciente demuestra que la máxima de que "nada les sale bien" no es una exageración gratuita, sino el reflejo de una constante: el diseño de políticas públicas desde el dogma ideológico y el centralismo autoritario, cuyos efectos prácticos chocan brutalmente contra la realidad de los mercados. Pretender regular la economía moderna bajo la óptica de la seguridad nacional y castrense, sin perfiles técnicos especializados y sin un poder judicial autónomo, solo ahondará la desconfianza.
Al final, las empresas no huyen de los países porque no haya patriotismo, sino porque no hay certidumbre jurídica. Si la nueva ley se aprueba en los términos actuales antes de que concluya la actual legislatura, el gobierno habrá conseguido su objetivo geopolítico de apaciguar las exigencias estadounidenses frente a China, pero a un costo altísimo: consolidar un clima de negocios donde la soberanía se presume en los discursos, en el papel, mientras la inversión, la competitividad y el crecimiento se ahogan en la incertidumbre y eso no es bueno para el país.
EN FIN, por hoy es todo, mañana le seguimos si Dios quiere.
Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorando en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones…
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